Trabajadores del Poder Judicial convocan paro nacional en rechazo a evaluación laboral; OAJ afirma que no habrá despidos

El viernes 6 de noviembre, los empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron una huelga nacional para expresar su rechazo al nuevo sistema de evaluación de desempeño implementado por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), argumentando que pone en peligro su estabilidad laboral.

La paralización comenzó en las primeras horas del día y se extendió a al menos 17 estados del país, con manifestaciones y bloqueos en juzgados y tribunales federales.

Entre las entidades donde se registraron protestas están Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Morelos, Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Chiapas, Puebla, Nayarit, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas.

¿Cuál es el motivo de la protesta de los empleados?

La inconformidad surgió tras la publicación el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de un acuerdo del OAJ que establece evaluaciones periódicas para el personal de carrera judicial, incluyendo secretarios, actuarios y oficiales judiciales.

Los trabajadores cuestionan los criterios de evaluación y temen que ciertos aspectos puedan depender de juicios subjetivos de sus superiores y colegas, lo que, según ellos, podría dar lugar a represalias y violaciones a sus derechos laborales.

Patricia Aguayo, portavoz del movimiento, indicó que no están en contra de ser evaluados, pero exigen que las pruebas tengan como objetivo mejorar la preparación profesional y fortalecer el servicio de justicia, no justificar despidos.

Por ello, solicitan que el Órgano de Administración Judicial retire el acuerdo y desarrolle un mecanismo nuevo que garantice criterios objetivos y respete la antigüedad y estabilidad laboral de los empleados.

OAJ garantiza que las plazas no están en riesgo

En respuesta a las protestas, el Órgano de Administración Judicial negó que las evaluaciones programadas para diciembre de 2026 puedan ocasionar despidos o la pérdida de empleos.

Aclaró que la primera evaluación será de carácter diagnóstico exclusivamente, sin aprobados ni reprobados, y que sus resultados no afectarán individualmente la permanencia del personal.

Explicaron que esta etapa inicial busca detectar necesidades de capacitación, fortalecer los conocimientos de los empleados y mejorar el desempeño de los órganos jurisdiccionales.

Además, indicaron que la primera evaluación ordinaria se realizará tras concluir las acciones de formación correspondientes y reconocen el derecho de los trabajadores a manifestar sus inconformidades.

Paro indefinido hasta respuesta oficial

Los empleados advirtieron que mantendrán la paralización hasta recibir una respuesta de las autoridades judiciales y se revise el acuerdo que establece el nuevo sistema de evaluación.

Este conflicto representa un nuevo foco de tensión en el Poder Judicial, en medio de los cambios derivados de la reforma judicial y las quejas sobre las condiciones laborales del personal que integra juzgados y tribunales federales.