Sheinbaum promulga decreto que exige nacionalidad única para candidatos a Presidencia y gubernaturas

La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo suscribió el decreto que impone el requisito de nacionalidad mexicana exclusiva para quienes deseen contender por la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Esta reforma fue aprobada con anterioridad por el Senado, la Cámara de Diputados y 22 legislaturas estatales.

Con esta enmienda constitucional, las personas que posean otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de registrar su candidatura a alguno de estos cargos. La finalidad es asegurar que quienes lideren los gobiernos federal y estatales prioricen el interés y la soberanía de México.

El decreto también establece que quienes ejerzan la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno no podrán adquirir ni solicitar otra nacionalidad durante el desempeño del cargo, ni hacer valer ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta a la mexicana.

Además, se restringirá el uso de pasaportes o documentos de identidad emitidos por otros países, el ejercicio de derechos políticos derivados de una ciudadanía extranjera y la posibilidad de solicitar protección diplomática de otra nación.

La reforma modifica artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, que establecen los requisitos para ocupar la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Según el Gobierno de México, esta medida tiene como objetivo fortalecer la soberanía nacional y prevenir posibles conflictos de interés o interferencias extranjeras en quienes ocupen las principales posiciones del Poder Ejecutivo.

La nueva disposición comenzará a aplicarse a partir del proceso electoral del año 2028, conforme a lo explicado previamente por la Consejería Jurídica de la Presidencia. Esto implica que no afectará las reglas de los procesos electorales que ya están en marcha.

Con la firma de este decreto, el Gobierno federal formaliza una reforma que pretende establecer la nacionalidad mexicana exclusiva como requisito para quienes aspiren a dirigir el Poder Ejecutivo federal o los gobiernos estatales y de la Ciudad de México.