Jóvenes Construyendo el Futuro: desmontando el mito del bienestar juvenil

Nos colocan a los menores de 30 años como protagonistas en cada informe y conferencia matutina, antes con Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, como muestra de que finalmente se nos toma en cuenta. Sin embargo, una imagen para propaganda política no representa un empleo real, y una beca no asegura, ni remotamente, un futuro estable. Somos útiles para las estadísticas; pero cuando llega el momento de evaluar resultados, nadie rinde cuentas.

El caso más claro es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Lanzado en 2019 por López Obrador, con Luisa María Alcalde al mando de la Secretaría del Trabajo, para atender un problema real: millones de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban. Posteriormente, Sheinbaum lo heredó. La promesa fue capacitación e inserción laboral, pero lo que se construyó fue otra cosa: la Auditoría Superior de la Federación detectó empresas fantasmas y pagos a beneficiarios fallecidos y a funcionarios, con irregularidades que superaron los 175 millones de pesos en sus primeros cuatro años.

Entre 2018 y 2024 se destinaron más de 134 mil millones de pesos. En septiembre de 2025, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, afirmó que siete de cada diez becarios consiguen empleo. Sin embargo, esa cifra no especifica empleo formal: no indica cuántos firmaron contrato, cuántos cuentan con IMSS ni cuántos perciben un salario superior al anterior. A través de transparencia, la misma Secretaría reconoció no contar con reportes estadísticos sobre la cantidad de jóvenes contratados.

La Secretaría de Hacienda calificó los resultados como “medio-bajo”. En 2024, sólo el 15 % de los beneficiarios concluyó su capacitación. Y el indicador más próximo a una contratación real, que es el porcentaje de quienes permanecen en el centro donde se capacitaron, ronda el 29 %. Entonces, ¿para qué sirve el programa emblemático de la izquierda en el poder? Como apoyo temporal, sí: ayudó a muchos a sostenerse durante un año. Pero principalmente sirvió como instrumento de legitimación: cifras enormes y un discurso de inclusión que nadie ha demostrado que se traduzca en empleo de calidad. Es la lógica populista: importa el volumen y la entrega visible, pero no medir si realmente funciona.

Actualmente ni siquiera se mantiene el volumen, porque en noviembre de 2025, la Secretaría del Trabajo mencionó medio millón de beneficiarios para 2026; en mayo, el gobierno ya hablaba de 250 mil, “de forma focalizada”. En octubre, Sheinbaum suspendió las inscripciones hasta enero de 2027 porque “se cumplió la meta”. Una meta que, hasta donde recuerdo, nunca se había mencionado; más bien parece un recorte al programa por una urgente necesidad económica evidente.

No afirmo que los becarios hayan sido utilizados con cinismo como carne de cañón electoral. Digo que, tal como se diseñó, midió y comunicó, el programa funcionó mejor como símbolo que como política de empleo. Mi generación no requiere escaparates, necesita un mercado laboral que la integre, seguridad social, salarios dignos, datos públicos para exigir responsabilidades y, sobre todo, una voz real dentro del Estado. Si un programa cuesta más de 134 mil millones, lo mínimo es conocer cuántos jóvenes obtuvieron un empleo formal. Por eso insisto en derechos plenos y transparencia para la juventud mexicana.

Termino con esto: según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Morelos es hoy la entidad con mayor número de víctimas de homicidio doloso entre jóvenes de 18 a 29 años; el estado lidera con 8.10 asesinatos por cada 100 mil habitantes, siendo uno de los índices más altos en México. De esos jóvenes no se habla porque ya no son futuro, pero lamentablemente son el presente de un país donde el bienestar de las juventudes es un mito que suena bien, pero carece de fundamento real.