¡Prisión de hasta 25 años para quienes recluten personas en organizaciones criminales!
La Cámara de Diputados dio su aprobación unánime a una reforma que tipifica el reclutamiento para actividades criminales como un delito, estableciendo penas de cárcel para quienes incorporen personas a organizaciones delictivas, con el fin de cerrar lagunas legales y fortalecer la defensa de las víctimas. Con 419 votos a favor, el dictamen modifica la […]

“La Cámara de Diputados dio su aprobación unánime a una reforma que tipifica el reclutamiento para actividades criminales como un delito, estableciendo penas de cárcel para quienes incorporen personas a organizaciones…”
La Cámara de Diputados dio su aprobación unánime a una reforma que tipifica el reclutamiento para actividades criminales como un delito, estableciendo penas de cárcel para quienes incorporen personas a organizaciones delictivas, con el fin de cerrar lagunas legales y fortalecer la defensa de las víctimas.
Con 419 votos a favor, el dictamen modifica la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, buscando sancionar a quienes capten, induzcan o recluten personas para integrarlas a grupos criminales o involucrarlas en actos ilegales.
Según esta reforma, las personas que incurran en este delito podrán ser condenadas a penas de prisión de 10 a 20 años, además de multas que van de 5 mil a 50 mil días. Si el reclutamiento se efectúa mediante amenazas, intimidación, coacción, violencia física o moral, o abuso de autoridad, las sanciones aumentarán a un rango de 15 a 25 años de prisión, con multas entre 10 mil y 80 mil días.
Un punto fundamental estipula que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes será considerado como forzado, sin importar las circunstancias en las que hayan sido captados, buscando así fortalecer la protección de los menores ante las redes criminales.
La reforma también permite que las autoridades investiguen de oficio estos casos, sin necesidad de que las víctimas presenten una denuncia, dado que muchas de las personas reclutadas permanecen bajo amenazas, intimidación o control de sus agresores.
Durante el debate, legisladores de diversos partidos políticos coincidieron en la urgencia de combatir el reclutamiento mediante engaños, ofertas falsas de trabajo y amenazas, especialmente a través de redes sociales y otros canales de comunicación.
Luego de su aprobación en San Lázaro, la minuta fue remitida al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo, por lo que aún debe completarse el trámite correspondiente antes de que estas nuevas disposiciones entren en vigor.
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